Vanessa Moreno
La Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) anunciaron la prohibición de la Eritrosina, también conocida como Rojo 3 FD&C, en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios en México, luego de determinar que su consumo representa un posible riesgo para la salud.
De acuerdo con la autoridad sanitaria, estudios de evaluación revelaron que la exposición alimentaria de la población mexicana supera el límite de ingesta diaria admisible establecido por organismos internacionales como el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios.
Según el análisis técnico, la Ingesta Diaria Máxima Teórica del colorante alcanza 0.231 mg por kilogramo de peso corporal al día, cifra que rebasa más del doble el nivel recomendado de 0.1 mg/kg. Cofepris señaló que este escenario impide garantizar la seguridad del consumo del aditivo bajo los patrones actuales de uso en el país.
Además, las autoridades advirtieron que algunos estudios científicos relacionan el Rojo 3 FD&C con la aparición de tumores tiroideos en pruebas realizadas con animales, principalmente en ratas macho.
La medida impactará directamente a la industria alimentaria, ya que diversas categorías de productos utilizan este colorante para mejorar su apariencia. Entre ellos destacan gelatinas en polvo, gomitas, caramelos, chicles, flanes, frutas en almíbar y productos para decoración de repostería, varios de ellos dirigidos al consumo infantil.
El acuerdo establece un periodo de transición de 24 meses para que las empresas reformulen productos, modifiquen etiquetas, ajusten procesos de producción y agoten existencias. Durante este tiempo también deberán realizar estudios de estabilidad y vida útil para garantizar que los nuevos ingredientes mantengan la calidad e inocuidad de los productos.
Cofepris indicó que reforzará la vigilancia sanitaria para supervisar el cumplimiento de la disposición y evitar que el uso del aditivo continúe después del plazo establecido.
La decisión marca un precedente en la regulación de aditivos alimentarios en México, al priorizar la evaluación de la exposición real de la población y aplicar medidas preventivas ante posibles riesgos para la salud pública.