Dennisse Montañez
Desde el 17 de junio de 2025, todos los centros de trabajo están obligados a permitir que sus empleados se sienten durante la jornada, siempre que sus funciones lo permitan. Esta medida busca proteger la salud de los trabajadores que permanecen de pie durante largos periodos. Las empresas que no cumplan podrían enfrentar multas de hasta más de 280 mil pesos. La Secretaría del Trabajo emitirá lineamientos adicionales en las próximas semanas.
La llamada Ley Silla ha cobrado relevancia en varios países de América Latina como una medida que busca dignificar las condiciones laborales de miles de trabajadores, especialmente en el sector de comercio y servicios. Aunque el nombre pueda parecer informal, se trata de una reforma seria que pretende garantizar un derecho básico: que las personas trabajadoras puedan sentarse durante su jornada laboral cuando sus funciones lo permitan.
¿En qué consiste la Ley Silla?
La Ley Silla establece la obligación de los empleadores de proporcionar asientos adecuados a sus trabajadores y permitirles su uso, siempre que no interfiera con las actividades propias del puesto. Esta medida busca evitar que las personas permanezcan de pie durante horas sin necesidad, lo que puede provocar fatiga crónica, várices, lesiones musculoesqueléticas, trastornos circulatorios y otros problemas de salud a mediano y largo plazo.
En muchos establecimientos, sobre todo en tiendas, supermercados, farmacias, bancos y otros puntos de atención al público, se ha normalizado que el personal permanezca de pie durante toda su jornada. Esta práctica, más allá de lo estético, ha sido denunciada como una forma de violencia o maltrato laboral, especialmente hacia mujeres y personas mayores.
En el caso de México, la Ley Silla no es una idea completamente nueva. Ya existía una disposición similar en la Ley Federal del Trabajo desde 1917. Sin embargo, durante décadas esta ley fue ignorada o mal implementada, con el argumento de que era impráctica o que perjudicaba la imagen del servicio al cliente.
El reciente impulso a su cumplimiento ha venido acompañado de reformas estatales y federales que buscan darle verdadero peso legal y obligar a las empresas a respetarla. Legisladores, organizaciones laborales y colectivos feministas han sido parte clave en su promoción.
En algunos estados, como Ciudad de México y Oaxaca, ya se han aprobado reformas específicas para garantizar este derecho. Incluso, se han propuesto sanciones a las empresas que no proporcionen sillas a su personal o que impidan su uso de manera injustificada.
¿Qué busca proteger?
La Ley Silla tiene como objetivos centrales:
Prevenir enfermedades y lesiones asociadas al trabajo prolongado de pie.
Respetar los derechos laborales básicos, como el descanso y el trato digno.
Eliminar prácticas discriminatorias o estéticas que priorizan la imagen comercial por encima de la salud del trabajador.
Empoderar a los trabajadores para exigir condiciones más humanas.
¿Quiénes se benefician?
Principalmente el personal de atención al cliente, cajeros, trabajadores de tiendas de conveniencia, farmacias, recepcionistas, personal de vigilancia, y otros trabajadores de pie. Muchos de ellos, en su mayoría mujeres, se ven obligados a pasar entre 6 y 10 horas de pie, incluso en momentos en que no están atendiendo a nadie.
¿Hay excepciones?
Sí. La ley establece que si la naturaleza del trabajo requiere forzosamente estar de pie, entonces el uso del asiento puede ser limitado, pero en ningún caso se debe negar el derecho a sentarse en momentos de inactividad o pausa. También se pide que las sillas sean ergonómicas y adecuadas para las necesidades del puesto.
La Ley Silla no busca relajar las obligaciones laborales, sino reivindicar el derecho a condiciones de trabajo dignas y saludables. Es una medida que, aunque sencilla, refleja un cambio profundo en la forma en que concebimos el trabajo, el bienestar de quienes lo realizan y el respeto a los derechos humanos en el entorno laboral.
