Valeria Rueda.-
En México, más del 50% de trabajadores se encuentran con informalidad laboral, que expone a salarios bajos, falta de protección social y mayor riesgo de pobreza. Por si fuera poco, México tiene la jornada laboral más extensa entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con un promedio anual de 2,148 horas trabajadas, superando por mucho a países como Alemania y Noruega, donde el promedio es de 1,363 y 1,424 horas respectivamente.
Actualmente, la legislación mexicana contempla un solo día de descanso obligatorio por semana, lo que limita el tiempo que las personas pueden dedicar a su familia, su desarrollo personal y su salud mental. Esta situación afecta a las mujeres, quienes realizan la mayor parte del trabajo no remunerado, como el cuidado de personas y labores domésticas y todo esto afecta al género en el mercado laboral.
En respuesta a esta problemática, desde el Congreso de la Unión se impulsa una reforma para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, una medida que busca equilibrar la vida personal y profesional de las y los trabajadores. Además, se discuten políticas públicas que promuevan la creación de empleos formales, el acceso igualitario a oportunidades laborales y el reconocimiento del trabajo doméstico como una actividad económica esencial.
Organizaciones internacionales como la OCDE y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han señalado que la reducción de horas laborales no solo mejora la productividad, sino que también puede reducir el estrés y fomentar una mayor igualdad en el acceso a oportunidades de empleo.
Expertos señalan que la reforma no solo es necesaria, sino urgente, ya que, sin cambios estructurales, México seguirá enfrentando altos niveles de desigualdad, pobreza laboral y una economía donde gran parte del trabajo carece de garantías mínimas. Con este paso, se espera avanzar hacia un modelo de trabajo más justo y sostenible que priorice el bienestar de las personas.
La iniciativa, que ya está en discusión en las cámaras legislativas, cuenta con el apoyo de sindicatos, organizaciones civiles y expertos en derechos laborales, quienes destacan que esta medida representa un primer paso hacia la construcción de un México más equitativo y con mejores condiciones para su fuerza laboral.