Valeria Rueda.-
La Comisión de Justicia del Senado presentó un proyecto de dictamen con el objetivo de reformar diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y del Código Penal Federal. Esta iniciativa busca reforzar el sistema financiero mexicano y asegurar la sanidad económica del país, a través de medidas más estrictas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
El proyecto de dictamen propone una serie de modificaciones a más de 40 artículos de la ley vigente, así como a dos disposiciones del Código Penal Federal. Entre las principales modificaciones se incluyen medidas para regular actividades vulnerables, prevenir operaciones ilícitas y fortalecer las herramientas de detección y sanción ante el uso de recursos de origen ilícito.
La reforma también responde a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo global encargado de establecer estándares internacionales para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En este sentido, la propuesta subraya la importancia de alinear las políticas nacionales con estos estándares internacionales, con el fin de garantizar que México continúe siendo un socio confiable en la lucha contra la criminalidad transnacional.
Cabe destacar que el proyecto retoma trabajos legislativos previos que se habían quedado pendientes en legislaturas anteriores debido a diferencias entre dependencias gubernamentales. Con estas reformas, se pretende fortalecer el marco legal y operativo para prevenir las prácticas ilegales en el sistema financiero, con un enfoque en la transparencia y la legalidad.
Se espera que la Comisión de Estudios Legislativos convoque próximamente a una sesión para dictaminar el proyecto, lo que abrirá el espacio para la revisión y el consenso entre los distintos actores legislativos y expertos en la materia.
Este proyecto representa un paso importante en el compromiso de México por mejorar su infraestructura legal y financiera para combatir el crimen organizado y proteger la estabilidad económica del país.