Vanessa Moreno
Tras una audiencia que se prolongó por más de 30 horas, un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otras siete personas por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, contrabando y operaciones ilícitas relacionadas con hidrocarburos.
La jueza Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, determinó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó elementos suficientes para continuar con el proceso penal.
Como parte de las medidas cautelares, el exmandatario estatal permanecerá en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "Altiplano", junto con otros cuatro imputados.
En tanto, dos de los acusados enfrentarán el proceso en prisión domiciliaria por motivos de salud, mientras que otra implicada permanecerá recluida en un centro penitenciario del Estado de México.
Ruffo Appel fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada, Baja California, como parte de una investigación federal por presuntas operaciones de contrabando de combustibles.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el exgobernador presuntamente encabezaba una organización dedicada a importar gasolina y diésel desde Texas, Estados Unidos, declarando únicamente una fracción del combustible transportado para evadir el pago de impuestos.
Las autoridades sostienen que el esquema consistía en introducir hidrocarburos mediante declaraciones falsas en las aduanas, reportando volúmenes considerablemente menores a los reales o clasificando la mercancía como otros productos.
Según la fiscal general, Ernestina Godoy, la red habría declarado apenas el 10% del combustible que ingresaba al país, generando un presunto daño al erario superior a 4 mil millones de pesos entre enero y julio de 2025.
La FGR informó que la investigación documentó más de 4 mil operaciones de importación en un periodo de seis meses y estima que alrededor de 15.2 millones de litros de combustible ingresaron sin ser declarados correctamente.
Además, las autoridades mantienen 25 órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de la red, entre ellos operadores logísticos y personas vinculadas con el sistema aduanero.
El proceso judicial continuará en los próximos meses, mientras las autoridades presentan nuevas pruebas y se determina la responsabilidad de los imputados.