Fernando Fragoso
El Senado de la República aprobó una reforma constitucional para poner fin a las llamadas “pensiones doradas” que reciben algunos exfuncionarios del sector público. La medida establece que ninguna pensión financiada con recursos públicos podrá superar el 50% del salario de la persona titular de la Presidencia. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca eliminar jubilaciones consideradas excesivas y reducir privilegios dentro de la administración pública.
¿Qué establece la reforma aprobada?
La reforma avalada por el Senado de la República modifica el Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de establecer un límite a las pensiones y jubilaciones que reciben algunos exservidores públicos de alto nivel.
El dictamen señala que ninguna pensión financiada con recursos públicos podrá superar el 50% del salario de la persona titular del Ejecutivo federal, lo que actualmente equivale a aproximadamente 70 mil pesos mensuales. La medida busca evitar los llamados casos de “pensiones doradas”, en los que algunos exdirectivos de organismos públicos llegaron a recibir montos muy superiores financiados con recursos del erario.
A quiénes aplicará el nuevo límite
El nuevo tope aplicará principalmente a exfuncionarios de alto mando en organismos descentralizados y empresas del Estado, como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, bancos de desarrollo, fideicomisos y otras entidades públicas.
Sin embargo, la reforma establece algunas excepciones, ya que no afectará a trabajadores sindicalizados con contratos colectivos ni a sectores específicos como las Fuerzas Armadas de México, cuyos sistemas de pensiones se rigen por otras disposiciones legales.
No será retroactiva
Uno de los puntos más relevantes del dictamen es que la reforma no eliminará pensiones ya otorgadas, pero sí establecerá un límite para los montos que se paguen en adelante, esto significa que los beneficiarios actuales continuarán recibiendo sus pensiones, aunque los pagos deberán ajustarse gradualmente al nuevo límite establecido por la Constitución.
De acuerdo con estimaciones presentadas durante la discusión legislativa, la aplicación del nuevo tope podría generar ahorros cercanos a 5 mil millones de pesos anuales para el Estado mexicano y los recursos que se liberen con esta medida podrían destinarse a programas sociales y a fortalecer otras políticas públicas dirigidas a la población.
