Dennisse Montañez
La desaparición y asesinato de nueve jóvenes originarios de Tlaxcala, cuyos restos fueron localizados en una carretera de Puebla en los límites con Oaxaca, destapó una compleja red que involucra a un empresario hotelero, policías municipales y grupos del crimen organizado que operan en la costa oaxaqueña.
Los cuerpos desmembrados fueron hallados el pasado 1 de marzo dentro de un vehículo abandonado en San José Mihuatlán, Puebla. Días después, autoridades confirmaron que al menos seis de las víctimas pertenecían a un grupo de jóvenes que había llegado semanas antes a Oaxaca con la promesa de trabajo.
Las investigaciones apuntan a que los jóvenes fueron reclutados por José Alfredo Lavariega Canseco, empresario hotelero y aspirante a político en Santa María Huatulco, quien en 2021 buscó la presidencia municipal. De acuerdo con reportes de autoridades y testimonios recabados, Lavariega habría contratado al grupo para cometer robos contra turistas y usuarios de bancos, alojándolos en uno de sus hoteles.
El caso dio un giro cuando se confirmó que el propio Lavariega Canseco también fue asesinado el mismo día que los jóvenes. Su cuerpo fue localizado con signos de extrema violencia: le cercenaron las manos, que fueron colocadas en una bolsa.
La línea de investigación más reciente señala que el detonante del crimen fue el robo de 500 mil pesos. Según esta versión, el grupo se apoderó del dinero tras robar a la persona equivocada, lo que provocó una reacción inmediata de sicarios y una cacería contra los responsables.
Una sobreviviente del grupo aseguró que policías municipales de Santa María Huatulco sacaron a varios jóvenes de sus alojamientos y posteriormente los entregaron a integrantes del crimen organizado. La Fiscalía de Oaxaca confirmó que investiga el posible involucramiento de policías de Huatulco y San Pedro Pochutla.
El rastro del grupo se perdió el 28 de febrero, cuando algunos de los jóvenes realizaron sus últimas publicaciones en redes sociales. Ese mismo día, familiares denunciaron que varios de ellos fueron detenidos o privados de la libertad en distintos puntos de Huatulco, incluso en zonas turísticas vigiladas por cámaras y con presencia de fuerzas federales.
Tras las acusaciones, la Fiscalía de Oaxaca, en coordinación con el Ejército y la Secretaría de Seguridad estatal, desplegó un operativo para revisar armas, permisos y catear instalaciones policiales, además de desmantelar decenas de cámaras presuntamente utilizadas por grupos criminales.
El caso volvió a exhibir el control territorial que ejerce el crimen organizado en la región costera de Oaxaca, donde imperan reglas no escritas: no cobrar piso, no vender ciertas drogas y, sobre todo, no robar. Quien viola esas normas enfrenta castigos ejemplares.
Hoy, la investigación se centra en confirmar que el robo de los 500 mil pesos fue el origen de la cadena de asesinatos, mientras las autoridades buscan esclarecer la presunta colusión de policías municipales y el papel del empresario que reclutó a los jóvenes, en un crimen que vuelve a poner en evidencia la fragilidad del Estado frente al poder criminal.
