Vanessa Moreno
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, pidió al Gobierno de México investigar de manera pronta e independiente las denuncias de uso excesivo de la fuerza, malos tratos y detenciones arbitrarias durante la manifestación por la mala calidad del agua en Guadalajara, Jalisco, realizada el domingo 11 de octubre.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Romero expresó su preocupación por los reportes sobre el uso de armas menos letales contra las personas que participaron en la movilización. También señaló que recibió información sobre el empleo de gases lacrimógenos, balas de goma y otros mecanismos de dispersión que, según las denuncias, habrían sido utilizados de manera indiscriminada.
La especialista de Naciones Unidas subrayó la necesidad de esclarecer los hechos, garantizar la integridad física y los derechos de las personas detenidas, así como evitar discursos que estigmaticen a quienes ejercen sus libertades fundamentales.
Su pronunciamiento se suma a las exigencias de organizaciones civiles y colectivos que han solicitado explicaciones sobre la actuación de los cuerpos de seguridad y el paradero de algunas personas arrestadas durante la protesta.
La manifestación se realizó el domingo 11 de octubre y reunió a alrededor de 10 mil personas, de acuerdo con reportes periodísticos. La movilización comenzó en la glorieta de La Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y elementos de seguridad.
Los participantes exigían respuestas ante los problemas de coloración, olor y calidad del agua que llega a sus hogares. La protesta, que durante su recorrido congregó a familias, habitantes de distintas colonias y otros sectores de la población, terminó en un operativo policial con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión.
El balance difundido por el Gobierno de Jalisco fue de 39 personas detenidas, 28 policías lesionados y 31 civiles que recibieron atención médica, según reportes publicados el 12 de octubre. Sin embargo, organizaciones y colectivos denunciaron que el número de arrestos podría ser mayor y señalaron presuntas irregularidades en algunas detenciones.
También se reportaron agresiones contra periodistas que documentaban los acontecimientos, situación que generó preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de los derechos humanos
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó la actuación policial y solicitó al gobernador Pablo Lemus aclarar las circunstancias de las detenciones, además de informar quiénes fueron arrestados y cuál era su situación jurídica.
Sheinbaum sostuvo que las autoridades deben distinguir entre contener hechos violentos y reprimir una manifestación. Por su parte, Lemus señaló que durante la movilización habría participado un grupo de personas que calificó como “grupo de choque” y que, según su versión, habría provocado los enfrentamientos.
El Gobierno estatal anunció que investigaría lo sucedido y defendió la actuación de sus elementos ante las agresiones que, aseguró, sufrieron algunos policías. No obstante, las denuncias de manifestantes, familiares y organizaciones civiles mantienen abierta la discusión sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza y el respeto a los derechos de quienes participaron en la protesta.
Al 13 de octubre, medios nacionales también reportaban denuncias de malos tratos durante la detención y dificultades para que familiares y representantes legales conocieran la situación de algunas personas arrestadas. Estos señalamientos requieren esclarecimiento por parte de las autoridades competentes.
El reclamo ciudadano se relaciona con las denuncias sobre el agua distribuida en distintas colonias de Guadalajara y municipios de su zona metropolitana. De acuerdo con información difundida por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), desde marzo se han reportado problemas en el suministro que incluyen agua turbia, olores similares a los del drenaje y posibles indicadores de contaminación.
La organización señaló que el problema alcanzaría al menos 320 colonias. Tras analizar muestras, advirtió sobre presuntas afectaciones en la calidad del líquido, incluidos reportes de metales pesados y contaminación fecal. Estos señalamientos forman parte de las denuncias que motivaron la exigencia de una respuesta sanitaria y de información clara sobre las condiciones del suministro.
La situación ha generado preocupación entre habitantes que demandan conocer los resultados de los análisis, el origen de la contaminación y las medidas para garantizar que el agua distribuida cumpla con las condiciones necesarias para su uso seguro. La crisis también ha puesto en el centro del debate la infraestructura hidráulica y la respuesta de las autoridades responsables del servicio.
La movilización del 11 de octubre convirtió estas exigencias en una protesta multitudinaria y abrió un segundo frente de preocupación: el esclarecimiento de los enfrentamientos y de las detenciones ocurridas frente a la residencia del gobernador.
El llamado de Gina Romero coloca el caso bajo la atención internacional en materia de derechos humanos. La relatora pidió que las denuncias sean investigadas de manera independiente y que las autoridades garanticen los derechos de las personas detenidas, así como el ejercicio de las libertades de reunión y expresión.
La investigación deberá contribuir a esclarecer cómo ocurrieron los enfrentamientos, bajo qué circunstancias se utilizó la fuerza, si existieron malos tratos y cuál es la situación jurídica de las personas arrestadas. También permanece la exigencia de que las autoridades informen con transparencia sobre la calidad del agua y las medidas que implementarán para resolver el problema.
Mientras continúan las demandas ciudadanas, el caso mantiene dos exigencias centrales: garantizar el acceso a agua de calidad y esclarecer las denuncias sobre la actuación policial durante una manifestación pública.
