La reforma constitucional que establece el requisito de nacionalidad mexicana única para quienes aspiren a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de octubre de 2026.
La modificación, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece nuevas condiciones para ocupar los principales cargos ejecutivos del país. Quienes tengan otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos, conforme a las disposiciones de la reforma.
Aunque el decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación, sus nuevos requisitos se aplicarán a partir del proceso electoral de 2028. Por ello, las elecciones intermedias de 2027 no tendrán cambios derivados de esta modificación constitucional.
¿Qué establece la reforma sobre la doble nacionalidad?
El decreto modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionados con los requisitos para ocupar la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Para aspirar a la Presidencia, se mantiene el requisito de ser mexicano por nacimiento, además de cumplir las condiciones constitucionales correspondientes. La reforma establece que la persona candidata no deberá tener otra nacionalidad y, si cuenta con ella, tendrá que renunciar antes de solicitar su registro.
En el caso de las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno capitalina, se incorpora el mismo principio de nacionalidad única, junto con los requisitos de edad, residencia y ciudadanía que correspondan.
La disposición también contempla restricciones durante el ejercicio de estos cargos. Sus titulares no podrán adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana.
Entre las conductas previstas se encuentran utilizar pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, ejercer derechos políticos vinculados con una ciudadanía extranjera o acogerse a la protección diplomática de otro país.
Una reforma que generó debate político
La iniciativa fue presentada por Sheinbaum en agosto y posteriormente avanzó en ambas cámaras del Congreso de la Unión. El Senado la aprobó el 29 de septiembre con 86 votos a favor y 42 en contra, antes de que fuera avalada por las legislaturas estatales necesarias para su publicación.
Quienes respaldaron la reforma argumentaron que las personas al frente del Poder Ejecutivo deben mantener una sola nacionalidad, con el objetivo de reforzar la soberanía y evitar posibles conflictos de intereses con otros países.
En contraste, legisladores de oposición cuestionaron que la doble nacionalidad sea utilizada como criterio para limitar el acceso a determinados cargos públicos. Entre sus argumentos señalaron que tener otra ciudadanía no demuestra, por sí mismo, una falta de compromiso con México y que la medida puede afectar a personas migrantes y familias binacionales.
La reforma no elimina de manera general la doble nacionalidad para la población mexicana. Su alcance se limita a quienes aspiren a los cargos ejecutivos contemplados y a las condiciones que deberán cumplir durante el ejercicio de esas funciones.
¿Cuándo comenzará a aplicarse?
De acuerdo con los artículos transitorios del decreto, los nuevos requisitos serán aplicables a partir del proceso electoral de 2028. En consecuencia, las elecciones de 2027 se desarrollarán sin cambios derivados de esta reforma.
El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones correspondientes a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral dentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto. Las entidades federativas también tendrán que armonizar sus constituciones y normas electorales en ese mismo plazo.
La reforma tampoco se aplicará a las personas que ya se encuentren ejerciendo alguno de los cargos contemplados cuando entre en vigor.
Nacionalidad única para los principales cargos ejecutivos
Con la publicación del decreto, México incorpora a su Constitución el requisito de nacionalidad única para quienes busquen encabezar el Gobierno federal, los ejecutivos estatales o la administración capitalina.
La aplicación de estas disposiciones comenzará en el proceso electoral de 2028 y dependerá también de las adecuaciones legales que deberán realizar las autoridades federales y estatales.
La medida mantiene abierto el debate sobre la soberanía nacional y los derechos políticos de las personas mexicanas que cuentan con otra nacionalidad.
