Vanessa Moreno
La vaquita marina, uno de los mamíferos marinos más amenazados del planeta, vuelve a estar en el centro de una disputa ambiental. Organizaciones civiles presentaron un juicio de amparo en Mexicali, Baja California, contra las nuevas disposiciones pesqueras que modificaron las zonas de protección de esta especie en el Alto Golfo de California.
La demanda fue promovida por el Centro para la Diversidad Biológica, Comarino, Greenpeace México y Defensa Ambiental del Noroeste. Las agrupaciones consideran que los cambios permiten nuevamente actividades pesqueras con redes de enmalle en zonas que anteriormente contaban con mayores restricciones.
¿Por qué las organizaciones presentaron el amparo?
De acuerdo con las agrupaciones ambientalistas, el acuerdo publicado el 14 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) redujo el área donde se prohíben las redes de enmalle de aproximadamente 11 mil 106 a mil 562 kilómetros cuadrados, lo que representa una disminución cercana al 86%.
Las organizaciones argumentan que esta modificación se realizó sin una consulta pública previa y que representa un retroceso en materia de protección ambiental. También consideran que podría contravenir el principio constitucional de no regresión y los compromisos establecidos en el Acuerdo de Escazú, que contempla el acceso a la información y la participación ciudadana en asuntos ambientales.
Entre los puntos cuestionados también se encuentra la apertura de un corredor de navegación de 350 metros de ancho que atraviesa la Zona de Tolerancia Cero. Las agrupaciones sostienen que esta medida fragmenta el espacio de protección y aumenta los riesgos para los ejemplares que habitan fuera de los límites establecidos.
Otro motivo de preocupación es el monitoreo de las embarcaciones pesqueras y la vigilancia para impedir el uso ilegal de redes agalleras, consideradas una de las principales amenazas para la supervivencia de esta especie.
Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) defendió la actualización de las disposiciones pesqueras y aseguró que los nuevos límites se establecieron con base en información científica, incluidos registros históricos de avistamientos y monitoreos acústicos y visuales realizados en 2025.
La dependencia explicó que la Zona de Tolerancia Cero se mantiene y que el corredor habilitado es exclusivamente para el tránsito de embarcaciones, sin permitir actividades de pesca con redes de enmalle.
Además, el nuevo acuerdo contempla el uso de sistemas de monitoreo satelital, sitios oficiales de desembarque y restricciones de horarios para las actividades pesqueras.
El Gobierno también sostiene que las modificaciones buscan concentrar los esfuerzos de vigilancia en las áreas donde se ha documentado la presencia de la vaquita marina, sin dejar de lado la actividad económica de las comunidades pesqueras del Alto Golfo de California.
En noviembre de 2026, durante una reunión internacional de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), autoridades mexicanas informaron que el país había cumplido 92 de las 101 metas de su Plan de Acción para proteger a la especie. Entre los avances mencionaron el monitoreo satelital, la vigilancia y el impulso de métodos de pesca alternativos.
La vaquita marina es un cetáceo endémico de México y el más pequeño del mundo. Su distribución se limita al Alto Golfo de California, principalmente en aguas cercanas a San Felipe, Baja California, y el Golfo de Santa Clara, Sonora.
Su principal amenaza son las redes de enmalle, en las que puede quedar atrapada accidentalmente y morir por asfixia. Estas redes también se utilizan en la pesca ilegal de totoaba, otra especie cuyo buche es comercializado clandestinamente en mercados internacionales.
Las organizaciones ambientalistas advierten que actualmente quedarían alrededor de 10 ejemplares, frente a los aproximadamente 600 registrados en 1997.
La controversia ahora se encuentra en manos de la justicia federal, donde las organizaciones buscan que se revise la legalidad de los cambios y se evite un posible debilitamiento de las medidas de conservación.
La discusión plantea un desafío para México: garantizar la supervivencia de una especie en peligro crítico de extinción sin dejar de atender las necesidades económicas de las comunidades pesqueras.
