Dennisse Montañez
La crisis forense en Guanajuato continúa intensificándose. Datos oficiales actualizados al 22 de julio de 2025 confirman que 974 cuerpos sin identificar permanecen almacenados en unidades refrigeradas de la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas (UIPF), mientras que otros 825 se encuentran inhumados en fosas comunes de panteones municipales sin haber sido plenamente identificados.
En total, la cifra de cuerpos no identificados en el estado supera los 1,700, lo que posiciona a Guanajuato como una de las entidades con mayor rezago forense del país. Además, existen al menos 12 cuerpos identificados pero no reclamados, lo que eleva el número de restos humanos bajo resguardo estatal a más de 2,000.
De los 974 cuerpos en refrigeración, 819 están resguardados en el centro forense de la capital y 155 más permanecen en laboratorios especializados en proceso de análisis. La información proviene de registros oficiales de la Fiscalía General del Estado, obtenidos vía solicitudes de transparencia. 
Frente a esta situación, el gobierno estatal anunció recientemente la implementación de un plan de identificación apoyado en inteligencia artificial, que pretende acelerar el análisis genético, dactilar y fotográfico de los cuerpos acumulados. Esta estrategia tecnológica será clave para intentar reducir el número de restos no identificados que siguen esperando justicia y nombre.
Pese a esfuerzos previos como el convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE), que ha permitido la identificación de 498 personas desde 2022 mediante el cotejo de huellas dactilares, los avances han sido insuficientes frente al volumen acumulado.
Organizaciones de derechos humanos, colectivos de búsqueda y especialistas han denunciado durante años la saturación de los servicios forenses, la falta de coordinación institucional y la carencia de infraestructura suficiente para enfrentar una crisis que, según advierten, no solo es técnica, sino humanitaria.
Desde 2012, Guanajuato ha reportado más de 4,000 personas desaparecidas y se han localizado al menos 660 fosas clandestinas. El rezago en la identificación de cuerpos no solo representa un colapso institucional, sino también un agravio permanente para las familias que siguen buscando a sus seres queridos.
La magnitud del problema ha obligado a replantear la política forense en la entidad, pero los retos persisten: aumentar la capacidad operativa, garantizar la transparencia de los procesos y, sobre todo, asegurar que cada cuerpo sin nombre tenga la oportunidad de regresar con su familia.
