Dennisse Montañez
Uriel Carmona Gándara, exfiscal general del estado de Morelos, es investigado por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del Congreso local por un presunto desvío de recursos públicos que podría superar los 300 millones de pesos, correspondientes al ejercicio fiscal 2023.
De acuerdo con el auditor superior José Blas Cuevas Díaz, entre las irregularidades más graves detectadas durante la revisión de la cuenta pública se encuentra la existencia de una posible doble nómina por alrededor de 150 millones de pesos, con al menos 50 plazas presuntamente fantasma. También se identificaron pagos por servicios profesionales sin justificación, adquisiciones sin respaldo documental, facturas emitidas y luego canceladas, así como viajes internacionales a Europa y Sudamérica cuyo financiamiento no ha sido debidamente comprobado.
La ESAF ha intentado notificar formalmente a Carmona Gándara en más de cinco domicilios registrados, sin éxito. Ante la negativa o posible evasión del exfuncionario, se ha iniciado el procedimiento de notificación por edictos, lo cual podría derivar, en caso de que no se presente, en la emisión de una ficha de búsqueda nacional e internacional, incluyendo la colaboración del Instituto Nacional Electoral (INE), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y eventualmente la Interpol.
En conferencia reciente, el auditor José Blas Cuevas declaró: “Si el exfiscal no responde al procedimiento, la ESAF turnará el expediente a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos”. La medida busca dar continuidad al procedimiento administrativo y posible responsabilidad penal por el uso indebido de recursos públicos.
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, pidió que se esclarezcan los hechos y que “cada funcionario responda por su gestión”. Afirmó que no habrá encubrimientos y que su administración respalda el trabajo de los órganos fiscalizadores.
Cabe recordar que Uriel Carmona fue destituido de su cargo en febrero de 2025, tras un largo proceso político y judicial que incluyó acusaciones de obstrucción de la justicia en un caso de feminicidio, además de tensiones con la administración anterior encabezada por Cuauhtémoc Blanco.
La investigación sigue en curso y podría derivar en sanciones administrativas, penales y en una eventual orden de aprehensión si se confirma la responsabilidad del exfiscal.
