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Investigan a cinco empresas por contratos electorales de 2 mil 461 millones de pesos

El Órgano Interno de Control del INE detectó posibles esquemas de simulación de competencia entre compañías que obtuvieron contratos de 27 organismos electorales locales. La ASF también abrió una investigación por operaciones millonarias relacionadas con dos grupos empresariales.

Dennisse Montañez 


Cinco empresas vinculadas entre sí obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos de 27 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) entre 2014 y 2025, mediante presuntos mecanismos de simulación de competencia, informó el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras.

Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el funcionario presentó información sobre las compañías que participaron en procedimientos de contratación por separado, pese a compartir accionistas, representantes legales y otros vínculos corporativos.

Las empresas señaladas son Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast de México, cuyos contratos con organismos electorales locales alcanzaron los siguientes montos:

  • Cajas Graf: mil 72 millones de pesos.
  • Formas Finas y Materiales: 815.9 millones de pesos.
  • Corporativo ZEG: 278.7 millones de pesos.
  • Comercializadora JVLY: 208.3 millones de pesos.
  • Seriplast de México: 85.1 millones de pesos.

De acuerdo con la información presentada por el OIC, las compañías habrían utilizado un mecanismo para aparentar competencia durante las licitaciones: dos empresas relacionadas presentaban propuestas con precios elevados y, posteriormente, una de ellas quedaba fuera del procedimiento, lo que dejaba a la otra en condiciones de obtener el contrato.

El órgano de control también identificó posibles sobreprecios, adjudicaciones directas sin justificación suficiente y empresas que no acreditaron contar con los recursos humanos necesarios para producir los materiales electorales contratados.

Carvente Contreras señaló que las irregularidades detectadas reflejan una problemática estructural en el mercado de proveeduría electoral, debido a la concentración de contratos en un grupo reducido de compañías.

OIC abre procedimientos contra servidores públicos

Durante la comparecencia, el titular del órgano de control informó que se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas graves contra cinco personas servidoras públicas, cuyos nombres no fueron revelados para respetar el debido proceso.

Además, detalló que existen investigaciones relacionadas con posibles conflictos de interés y otras irregularidades detectadas en las contrataciones del INE y de los organismos electorales locales.

El funcionario indicó que, una vez que se cuente con los elementos necesarios, se dará vista a las autoridades ministeriales para que determinen si existen responsabilidades de carácter penal.

ASF investiga operaciones por 8 mil 870 millones de pesos

Por separado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que inició una investigación de oficio por posibles irregularidades relacionadas con el INE, los organismos electorales locales, proveedores y servidores públicos.

El auditor dio a conocer que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026. De esa cantidad, 3 mil 790.3 millones correspondieron a organismos electorales locales.

Entre los hallazgos mencionados por la ASF se encuentran operaciones entre empresas de un mismo grupo, subcontrataciones entre compañías que participaron en los mismos procesos de licitación y registros laborales reducidos o inexistentes.

También se identificaron operaciones por 21.3 millones de pesos con empresas dedicadas al timbrado de facturas cuyas certificaciones fueron revocadas por trabajar con compañías factureras.

De acuerdo con el titular de la ASF, las investigaciones buscan identificar el origen de estas operaciones, establecer posibles vínculos entre empresas y funcionarios públicos y determinar si existieron prácticas que afectaron la competencia y el uso de recursos públicos.

Las indagatorias continúan, por lo que los señalamientos forman parte de investigaciones en curso y no constituyen, por sí mismos, una resolución definitiva sobre la responsabilidad de las empresas o personas involucradas.

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