Dennisse Montañez
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, por unanimidad, cerrar el expediente relacionado con la supuesta entrega de fajos de dinero a Pío López Obrador en 2015 por parte de David León, debido a la falta de elementos suficientes que acrediten que los recursos fueron destinados a campañas políticas de Morena.
La resolución se da tras una investigación que se extendió durante cinco años, en la que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE revisó documentación contable, registros bancarios, peritajes técnicos de los videos y diversas diligencias con autoridades financieras y judiciales. Sin embargo, no se encontró rastro bancario, contable ni fiscal que permitiera comprobar el origen, el monto o el destino partidista del dinero.
La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, explicó que la investigación se resolvió en esta fecha debido al límite de la prescripción de los delitos electorales que se indagaban. Por su parte, la consejera Dania Ravel destacó la falta de colaboración de instancias como el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo que dificultó rastrear los recursos.
A pesar de que en 2020 se difundieron videos que mostraban la entrega de dinero y en los que David León señalaba que eran aportaciones para “el movimiento”, el INE consideró que los indicios no eran suficientes para acreditar una conducta ilícita. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales también concluyó que no había pruebas suficientes y descartó la acción penal, mencionando posibles alteraciones en los videos durante su edición.
La resolución generó opiniones divididas entre los partidos políticos. Representantes del PRI y PAN criticaron al INE por avalar lo que consideraron impunidad, mientras que Morena calificó el caso como una “calumnia” sin sustento legal.
Con este cierre, Pío López Obrador no enfrentará sanciones por el caso de los llamados “sobres amarillos”, aunque la decisión deja abierta la posibilidad de reabrir la investigación si surgieran nuevos elementos que acrediten el uso de recursos ilegales en campañas electorales.
