Vanessa Moreno
Autoridades investigan un caso de presunto abuso sexual infantil ocurrido en el preescolar Juan Enrique Pestalozzi, ubicado en el municipio de León, Guanajuato, donde una docente identificada como Guadalupe “N” habría agredido a alumnos de entre 3 y 4 años durante actividades escolares.
De acuerdo con testimonios de padres de familia, la maestra utilizaba una dinámica conocida como “el juego del pato”, mediante la cual sometía a los menores a castigos físicos y tocamientos, bajo el argumento de un ejercicio educativo. La actividad se aplicaba al grupo de primero “A”.
Los padres comenzaron a detectar cambios de conducta, como miedo a asistir a la escuela, aislamiento, tristeza, dolores físicos recurrentes y alteraciones del sueño. En uno de los casos, una menor presentó malestares que derivaron en una revisión médica especializada, lo que permitió detectar indicios de agresión sexual, motivo por el cual se recomendó presentar una denuncia formal.

Posteriormente, otras familias identificaron que sus hijos también habrían sido víctimas, por lo que se presentó una denuncia colectiva ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el 13 de junio de 2025.
Tras las investigaciones, la docente fue detenida y vinculada a proceso el 10 de julio de 2025, quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva. El proceso judicial continúa en curso, por lo que se mantiene reservada la identidad de los menores y sus familias, conforme a la ley.

Los padres denunciaron que, pese a haber informado previamente a la dirección del plantel, no se actuó de manera inmediata, lo que derivó en manifestaciones públicas y exigencias para la intervención de las autoridades educativas.
La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) informó que se activaron los protocolos correspondientes, se brinda acompañamiento psicológico a las familias afectadas y se mantiene coordinación con la Fiscalía y organismos de derechos humanos.

Autoridades estatales reiteraron que cualquier agresión cometida por personal escolar constituye un delito grave, y subrayaron la importancia de atender de inmediato las denuncias, escuchar a los menores y garantizar entornos seguros en los centros educativos.
El caso permanece abierto y es considerado relevante para sentar precedentes en la protección de los derechos de la niñez y el acceso efectivo a la justicia.