Dennisse Montañez
Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) denunciaron presuntos actos de corrupción, extorsión y abuso laboral al interior de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), señalando directamente a Marx Arriaga Navarro y a Sady Arturo Loaiza Escalona, quien se desempeñaba como director de Desarrollo e Innovación en el área.
De acuerdo con un escrito enviado a distintos medios de comunicación, las y los denunciantes aseguraron que se les solicitaban depósitos bancarios por cantidades elevadas como condición para obtener o conservar un empleo dentro de la dependencia. Según los testimonios, los pagos eran justificados como aportaciones para una supuesta “lucha” o proyecto interno.
La documentación difundida incluye capturas de mensajes de WhatsApp y comprobantes de transferencias por montos que, en algunos casos, alcanzaban los 38 mil pesos. Los trabajadores señalaron que quienes se negaban a entregar dinero eran amenazados con la baja laboral o con la negativa de contratación. También afirmaron que las solicitudes de depósito se realizaban desde oficinas administrativas y que en algunos casos se pedía realizar los pagos mediante intermediarios.
En el material presentado, los denunciantes sostienen que las pruebas ya fueron entregadas al Órgano Interno de Control de la SEP para que se inicien las investigaciones correspondientes. Aseguran que lo difundido públicamente representa solo una parte de las presuntas irregularidades que, según su versión, ocurrían dentro de la DGME.
Algunos afectados afirmaron haber perdido su empleo pese a haber realizado pagos anticipados, particularmente después de que comenzaron investigaciones internas en el área. Además, señalaron la existencia de presuntos “aviadores”, así como prácticas de presión laboral que incluirían aislamiento, cambios de adscripción y asignaciones fuera de funciones oficiales.
Los testimonios también describen presuntos episodios de violencia verbal, amenazas y exigencias para devolver parte del salario al área administrativa. De acuerdo con los denunciantes, estas prácticas habrían provocado afectaciones económicas, físicas y emocionales entre el personal.
Hasta el momento, la SEP no ha emitido una postura pública oficial respecto a las acusaciones. Las personas denunciantes advirtieron que, pese a las presuntas amenazas señaladas en los documentos, están dispuestas a hacer públicas sus acusaciones con el objetivo de que los hechos sean investigados y esclarecidos por las autoridades competentes.