Dennisse Montañez
El Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en Puebla, arrastra una historia de violencia, disputas por el control interno y presuntas redes de corrupción que se extiende por casi 40 años. Motines, asesinatos, prostitución, extorsiones y hasta un caso de canibalismo forman parte de los episodios que han colocado a este centro penitenciario en el centro de la polémica.
Uno de los acontecimientos más estremecedores ocurrió en junio de 1988, cuando Alejandro Miguel Morales, conocido como “El Mongol”, fue asesinado durante un motín. De acuerdo con versiones periodísticas, su cuerpo fue mutilado y algunos de sus restos habrían sido consumidos por otros internos, en un episodio relacionado con las disputas por el control de la prisión.
Años después, las condiciones dentro del reclusorio volvieron a quedar expuestas con el descubrimiento de una zona conocida como “El Pueblito”, donde presuntamente funcionaban restaurantes, gimnasios, espacios para visitas íntimas y actividades relacionadas con la prostitución. Este lugar evidenció los privilegios y negocios clandestinos que operaban al interior del penal y fue demolido en julio de 2022.
Sin embargo, uno de los casos que provocó mayor indignación nacional ocurrió en enero de ese mismo año, cuando el cuerpo de un bebé de tres meses, identificado como Tadeo, fue encontrado en un contenedor de basura del penal.
El menor había sido sepultado en un panteón de Iztapalapa, en la Ciudad de México, pero su cuerpo fue sustraído e ingresado ilegalmente al centro penitenciario poblano. El hallazgo derivó en investigaciones y detenciones de funcionarios y custodios por las irregularidades relacionadas con el ingreso del cuerpo.
La problemática no terminó con estos acontecimientos. El 10 de noviembre de 2026, familiares de personas privadas de la libertad realizaron bloqueos en distintos puntos de Puebla para exigir cambios en la dirección del penal y denunciar presuntas extorsiones, agresiones y cobros ilegales dentro de las instalaciones.
Las movilizaciones generaron afectaciones viales y reavivaron los cuestionamientos sobre el control de las autoridades penitenciarias. Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta señaló que detrás de las protestas existían intereses ajenos a las demandas de los familiares.
A las denuncias se suma el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que otorgó al Cereso de San Miguel una calificación de 5.31 sobre 10, con observaciones relacionadas con gobernabilidad, atención médica, condiciones de higiene y personal de custodia.
Así, el penal de San Miguel acumula casi cuatro décadas de episodios que han exhibido sus problemas de seguridad y organización interna, mientras las denuncias de corrupción y violencia continúan poniendo a prueba la capacidad de las autoridades para garantizar el control y las condiciones de reclusión.
