Después de un proceso legal de más de 17 años, ha llegado a su fin el caso de Daniel García y Reyes Alpízar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha comunicado este martes 11 de abril su resolución sobre la denuncia que hicieron los dos hombres, que pasaron 17 años en la cárcel sin tener una sentencia.
Daniel García y Reyes Alpízar fueron detenidos en 2002 acusados del homicidio de la regidora panista María de los Ángeles Tamés. En un proceso judicial plagado de irregularidades, los dos hombres fueron detenidos sin orden de un juez, arraigados sin un abogado, torturados, amenazados y obligados a firmar documentos. Ambos han mantenido siempre firme su inocencia. Salieron en 2019 de la cárcel, con un brazalete electrónico. Pero hace solo dos semanas, de forma arbitraria, Daniel García volvió a ser detenido y trasladado a un penal del Estado de México. Ahora, la Corte Interamericana ordena que se acabe cualquier proceso penal contra ellos.
El alto tribunal internacional ha condenado a México en un fallo histórico en el que ordena al país eliminar la polémica figura de la prisión preventiva oficiosa. “La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado de México por la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial”, se lee en la sentencia.
Dicha sentencia pone contra las cuerdas a la Constitución mexicana. En su artículo 19, la Carta Magna recoge la figura de la prisión preventiva oficiosa, una medida que se aplica de forma automática, es decir, sin que lo decida un juez, y que envía directamente a la cárcel a los acusados en una serie de delitos, en la primera fase del proceso judicial. En México se aplica para un catálogo de 16 crímenes que va desde el feminicidio o el secuestro hasta el robo dentro de una vivienda.
Las sentencias del tribunal internacional son vinculantes, por el Gobierno de México y en su caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben buscar la manera jurídica para cumplir con el mandato. La desaparición de la prisión preventiva oficiosa afectaría a miles de personas que están en prisión sin una condena, pero no se sabe cuántas exactamente, puesto que el Ejecutivo no da datos desglosados de cuántos presos están bajo esta figura.
