La tragedia de los desaparecidos del call center escribe una nueva página en el libro de la violencia en Jalisco. Las autoridades han confirmado este martes que los cuerpos desmembrados encontrados al fondo de una barranca al norte de Guadalajara pertenecen a los jóvenes que empezaron a desaparecer el pasado 22 de mayo después de acudir a su trabajo en un call center. La empresa está siendo investigada por ser, presuntamente, la tapadera de un negocio en manos del Cártel de Jalisco Nueva Generación en el que se estafaba a turistas estadounidenses con la venta de departamentos turísticos en lugares como Puerto Vallarta.
El comunicado del gobierno de Jalisco no aporta gran cantidad de datos. Las pruebas periciales realizadas por el Instituto Forense a los cuerpos encontrados hace una semana confirman que “corresponden a los jóvenes que laboraban en un centro de operaciones en Zapopan”, pero no especifican lo nombres ni el número de desaparecidos al que se refieren. En principio, al referirse a los “los jóvenes”, se puede inducir que se encontraron los cuerpos de los ocho que fueron declarados como desaparecidos en relación con el caso, pero la Fiscalía no contesta las preguntas de este periódico al respecto.
El 20 de mayo nadie podía imaginar que la desaparición de Carlos Benjamín Cuevas sería solo el comienzo de una trama que ha terminado con la desaparición y el fallecimiento de los jóvenes que, para sus familias, trabajaban en un call center normal y corriente en el que vendían estancias vacacionales a extranjeros. Dos días después declararon como desaparecidos a los hermanos Itzel Abigail y Carlos David. Luego fueron Arturo Robles, Jesús Alfredo Salazar, Mayra Karina y Jorge Velázquez. La mayoría no tenía más de 30 años. Sus culpables siguen libres, aunque todas las pistas apuntan al Cártel de Jalisco Nueva Generación, que tiene en Jalisco un negocio importante de estafas telefónicas a extranjeros.
El miércoles pasado, la Fiscalía encontró restos humanos durante un operativo en una zona de difícil acceso de la Barranca de Huentitán, al oeste de Guadalajara, una zona llena de tierra y ramas secas cercana a un pequeño pueblo. Hasta allí se desplazaron decenas de funcionarios del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Fiscalía y Protección Civil. De allí se llevaron hasta 50 partes de cuerpos humanos metidos en bolsas negras para identificarlas. Los análisis preliminares indicaban que podrían ser los jóvenes, por las coincidencias anatómicas entre los jóvenes desaparecidos y los cuerpos encontrados. Hoy se ha confirmado que eran ellos.
Las autoridades han apuntado hacia una empresa criminal conectada con el CJNG. Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aseguró que no se trataba de, “digamos, jóvenes que estuvieran en una casa en donde tuvieran permiso para trabajar allí”, y que los indicios apuntaban a “algún tipo de fraudes inmobiliarios y algún tipo de extorsiones telefónicas”. Poco después, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, declaró que una de las líneas de investigación apunta a que en el supuesto call center se ofrecían tiempo compartidos a extranjeros, es decir, estancias en casas de la costa de Jalisco para vivir durante los meses de verano.
