Dennisse Montañez
¿Qué es la deuda per cápita?
La deuda per cápita en México es un indicador económico que muestra cuánto le corresponde a cada habitante pagar si se repartiera por persona la deuda total del gobierno. Se calcula dividiendo la deuda pública total del país entre la población total.
Por ejemplo: si la deuda del gobierno federal es de 17.8 billones de pesos (cifra aproximada de 2025) y la población es de 132 millones de habitantes, la deuda per cápita sería de alrededor de 135 mil pesos por persona.
Esto no significa que cada mexicano deba esa cantidad directamente, sino que es una forma de dimensionar el tamaño de la deuda pública en relación con la población.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que la deuda pública en México ha crecido de manera acelerada durante la 4T. En 2018, al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público era de 10.7 billones de pesos, lo que equivalía a 85,915 pesos per cápita. Para junio de 2025, la cifra alcanzó 17.8 billones de pesos, lo que significa que cada mexicano adeuda hoy en promedio 135 mil pesos, un incremento cercano al 60%.
Aunque los ingresos públicos aumentaron 3.4% en el primer semestre del año, el gasto en inversión física se redujo 30.4%. Esto se refleja en una caída de 25.8% en la inversión pública solo en mayo, acumulando trece meses consecutivos de retrocesos. El CEESP señaló que este recorte limita la ejecución de obras de infraestructura y desincentiva la inversión privada, que también cayó 4.9% en mayo. En conjunto, la inversión total retrocedió 7.1% anual y suma nueve meses de caídas continuas.
El deterioro también impacta al mercado laboral. La pobreza laboral subió a 35.1% en el segundo trimestre, mientras que la creación de empleos formales disminuyó: en un año se perdieron 757 mil puestos en la formalidad y se sumaron 1.2 millones en la informalidad, con lo que esta tasa pasó de 54.5% a 56.1%. Además, aunque el aumento al salario mínimo benefició a algunos trabajadores, creció el número de personas que solo perciben un salario mínimo (3 millones más), mientras que quienes ganan más de esa cantidad disminuyeron en 2.2 millones, lo que refleja una mayor precarización del empleo.
