Vanessa Moreno
La organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) presentó una demanda de amparo contra la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al considerar insuficientes las acciones emprendidas frente a las denuncias por presuntas afectaciones ambientales relacionadas con obras turísticas en Chemuyil, municipio de Tulum, Quintana Roo.
De acuerdo con información publicada por Grupo Pirámide el 13 de octubre de 2026, la agrupación cuestiona que la dependencia haya dado por concluidos los procedimientos después de imponer multas, pese a que, según lo señalado por la organización, se reconocieron más de 30 incumplimientos a la legislación ambiental.
El caso está relacionado con obras vinculadas con Grupo Posadas y Banco Actinver, asociadas al desarrollo del Hilton Tulum Riviera Maya All-Inclusive Resort. Las intervenciones denunciadas incluyen la construcción de infraestructura turística, una caleta, una playa artificial y estructuras de protección costera.
DMAS sostiene que los trabajos habrían provocado daños a los arrecifes y pastos marinos, además de representar riesgos para las tortugas marinas que utilizan las playas de la región para anidar. La organización considera que las sanciones económicas no son suficientes si no se determinan y atienden las posibles afectaciones al ecosistema.
Las preocupaciones ambientales en Chemuyil tienen antecedentes documentados. En junio de 2020, el Juzgado Séptimo de Distrito concedió una suspensión definitiva relacionada con obras de Grupo Posadas en las bahías de Chemuyil y Chemuyilito. La resolución señaló omisiones de la Profepa en la atención y seguimiento de denuncias, y ordenó actuaciones para inspeccionar el sitio e impedir que continuaran determinados trabajos de desmonte y remoción de vegetación.
La organización argumenta que, además de imponer sanciones, la autoridad debió evaluar medidas para detener las irregularidades, determinar las responsabilidades correspondientes y promover la restauración ambiental cuando procediera.
Con el nuevo recurso legal, DMAS busca que se revise si la respuesta de Profepa cumplió con sus obligaciones de vigilancia y protección ambiental. Según el reporte de Grupo Pirámide, la demanda fue presentada ante el Juzgado Tercero de Distrito y el procedimiento está pendiente de actuación judicial.
Hasta la información consultada, no se ha identificado públicamente el número de expediente de esta nueva demanda ni un desglose técnico completo de los incumplimientos mencionados. Por ello, los daños específicos señalados por la organización deben distinguirse de las resoluciones judiciales y de las conclusiones técnicas que pudieran emitirse durante el procedimiento.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio la vigilancia ambiental en la costa de Quintana Roo y la necesidad de determinar, mediante procedimientos legales y evaluaciones técnicas, qué medidas corresponden para proteger y, en su caso, restaurar los ecosistemas afectados.
