Durante la audiencia de formulación de imputación contra Ricardo Alejandro “N”, señalado como presunto responsable material del homicidio del regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó diversos datos de prueba que forman parte de la investigación del crimen, ocurrido el pasado 4 de noviembre en Ejidos de Acapantzingo.
Entre los elementos expuestos se encuentran registros de 23 videos de cámaras de vigilancia, mediante los cuales los investigadores reconstruyeron la ruta de la víctima desde las inmediaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca hasta el lugar del ataque.
En las grabaciones, los investigadores identificaron dos motocicletas que presuntamente siguieron al regidor antes de la agresión.
De acuerdo con el informe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en una de las secuencias, registrada alrededor de las 15:54 horas, aparece una motocicleta gris conducida por un sujeto que presuntamente dispara contra el vehículo del funcionario.
La Fiscalía también incorporó el análisis de tres memorias que contenían grabaciones de cámaras de vigilancia cercanas al domicilio del imputado, de las cuales se obtuvieron 103 fotografías.
En ese material, según la investigación, aparece un hombre a bordo de una motocicleta gris y con un casco cuyas características serían similares a los utilizados durante la agresión.
Otros datos de prueba incluyen el levantamiento de tres casquillos calibre .40, fragmentos balísticos y los resultados de la necropsia, que documentó dos heridas producidas por proyectil de arma de fuego, las cuales provocaron la muerte del regidor.
Asimismo, se expusieron diligencias relacionadas con la procedencia y compraventa de una motocicleta tipo ZS 250, color gris, presuntamente vinculada con los hechos.
Todos estos elementos forman parte de la investigación presentada por el Ministerio Público para sustentar la imputación contra Ricardo Alejandro “N”.
Durante la audiencia, realizada en la Sala 3 de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, la jueza Yareli Montes Rivera decretó prisión preventiva oficiosa contra el imputado.
Además, a solicitud de la defensa, se concedió un plazo constitucional de 144 horas para resolver su situación jurídica, por lo que la audiencia de vinculación a proceso quedó programada para el próximo 19 de noviembre.
