Christian Manzo
Más de 350 amparos fueron promovidos ante juzgados federales para impugnar el incremento a la tarifa del transporte público colectivo en Morelos, informó la Asociación Civil Chadim A.C.
De acuerdo con Miguel Ángel Chávez, presidente de la organización, alrededor de 150 recursos fueron presentados en municipios de la región oriente, mientras que aproximadamente 200 corresponden a Cuernavaca y Jojutla.
Los amparos comenzaron a promoverse desde julio, luego de que el Gobierno de Morelos autorizara el incremento de la tarifa del transporte colectivo, que pasó de 10 a 13 pesos.
Chávez explicó que el avance de los procedimientos se vio afectado por el periodo vacacional de los juzgados federales. Sin embargo, señaló que actualmente los órganos jurisdiccionales han comenzado a emitir requerimientos y apercibimientos relacionados con la documentación presentada.
Entre las observaciones, detalló, se encuentran posibles omisiones, falta de firmas y la necesidad de aclarar que las firmas y datos asentados en los documentos correspondan efectivamente a las personas que promovieron los juicios.
La asociación busca que los tribunales federales analicen la legalidad del acuerdo que autorizó el aumento y, en caso de determinar que existen elementos para ello, dejen sin efecto el incremento tarifario.
Chávez aseguró que la organización continuará con los procedimientos legales hasta agotar las instancias correspondientes.
El presidente de Chadim A.C. también denunció que presuntamente algunos operadores del transporte colectivo estarían negando el acceso a adultos mayores y personas con discapacidad, con el argumento de evitar aplicar las disposiciones correspondientes.
La asociación consideró que esta situación debe ser revisada por las autoridades competentes, al tratarse de un posible incumplimiento de los derechos de usuarios del transporte público.
Además de los recursos presentados ante la justicia federal, Chadim A.C. informó que continuará con el procedimiento iniciado ante el Congreso del Estado de Morelos, con el objetivo de que se revise tanto el incremento de la tarifa como las condiciones en las que se presta el servicio.
Por ahora, los amparos continúan en proceso y será la autoridad judicial la que determine si existen elementos para conceder la protección solicitada y, en su caso, modificar o dejar sin efectos el incremento.
