Omar Maldonado
El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, manifestó su desacuerdo con el criterio adoptado por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) en la resolución relacionada con las sanciones impuestas al exalcalde Antonio Villalobos Adán y al extesorero municipal.
El edil explicó que el procedimiento derivó de denuncias presentadas por la actual administración por presuntas irregularidades en dos asuntos.
El primero corresponde al manejo de recursos provenientes de pagos anticipados de predial y servicios públicos realizados en 2021 para ser ejercidos en 2022. De acuerdo con el alcalde, más de 24 millones de pesos fueron utilizados para cubrir obligaciones correspondientes al mismo ejercicio de 2021. Sin embargo, el TJA determinó que no se acreditó la responsabilidad administrativa, al no comprobarse que los recursos utilizados provinieran específicamente del impuesto predial.
El segundo caso está relacionado con la contratación de un despacho externo para realizar gestiones destinadas a la recuperación del Impuesto Sobre la Renta (ISR). En este punto, el Tribunal determinó que la Tesorería y la Consejería Jurídica del Ayuntamiento contaban con personal suficiente y capacitado para llevar a cabo dicho trámite, por lo que no era necesario generar un gasto adicional mediante la contratación de una empresa externa.
Urióstegui Salgado señaló que este último asunto representó un presunto daño patrimonial superior a los 2.6 millones de pesos. Como resultado, el TJA determinó que el exalcalde y el extesorero deberán reintegrar aproximadamente 1.3 millones de pesos cada uno, además de cumplir con una inhabilitación de un año para desempeñar cargos públicos.
Cuestionado sobre si la sanción resulta insuficiente, el presidente municipal reiteró que no comparte el criterio del Tribunal; sin embargo, reconoció que la legislación establece parámetros para determinar el grado de responsabilidad y la sanción correspondiente, entre ellos si se trata de una primera falta y determinadas condiciones personales de los involucrados.
El alcalde agregó que, al tener la administración municipal el carácter de parte denunciante, la normativa le impide recurrir mediante apelación o amparo la resolución emitida por el TJA.
