Redacción
Integrantes de diversas organizaciones civiles se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades del Poder Ejecutivo estatal que den marcha atrás al aumento de la tarifa del transporte público, que pasaría de 10 a 13 pesos a partir del 1 de julio. Argumentaron que, antes de autorizar cualquier incremento, se debe garantizar la modernización de las unidades y la capacitación adecuada de los operadores de rutas y combis.
Los inconformes señalaron que, si no se exigen estos compromisos antes de aplicar el aumento, se repetirá una situación que califican como recurrente: los concesionarios obtienen incrementos tarifarios mediante presiones, bloqueos y manifestaciones, pero posteriormente incumplen las mejoras prometidas. Aseguraron que esta situación termina afectando únicamente la economía de los usuarios.
Los manifestantes destacaron que un incremento de tres pesos representa un aumento histórico en Morelos y un golpe directo a la economía familiar, considerando la frecuencia con la que miles de ciudadanos utilizan el transporte público diariamente. Además, señalaron que el impacto económico se multiplica en los hogares donde varios integrantes deben pagar pasajes para trasladarse a sus actividades.
Asimismo, urgieron a las autoridades a garantizar el respeto y la atención adecuada a las personas adultas mayores cuando utilizan el transporte público. Denunciaron que, en muchos casos, los operadores les niegan el servicio para evitar aplicar los descuentos correspondientes o les brindan un trato indigno, llegando incluso a arrojarles el cambio de manera despectiva. Por ello, pidieron reforzar los mecanismos de supervisión y sanción para erradicar estas prácticas.