Perla Barrios
El Movimiento Morelense por la Discapacidad y los Derechos Humanos solicitó que la nueva Ley General de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial incluya sanciones y multas severas para concesionarios y operadores del transporte público que, por actos de discriminación, nieguen el servicio a personas con discapacidad y a adultos mayores.
Beatriz Moreno Fragoso, representante del movimiento, señaló que la iniciativa presenta omisiones importantes en materia de accesibilidad universal, por lo que hizo un llamado a la gobernadora Margarita González Saravia y al diputado Alberto Sánchez Ortega para que convoquen a una mesa técnica que permita corregir dichas deficiencias.
Entre las propuestas, destacó que la negativa del servicio sea tipificada como falta grave y que el cumplimiento de las normas de accesibilidad sea un requisito indispensable para conservar las concesiones del transporte público.
Asimismo, advirtió que la ley no garantiza la participación de personas con discapacidad en los órganos de gobernanza en materia de movilidad. Además, señaló que el proyecto no define con claridad los estándares de accesibilidad en la infraestructura urbana ni en el transporte público.