Un extrabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex) acudió a la justicia federal para impugnar la reducción de su pensión jubilatoria; sin embargo, su demanda fue desechada de plano.
El extrabajador buscó obtener un amparo contra la disminución de su pensión, derivada de la reforma al artículo 127 constitucional, que establece límites a las jubilaciones en entidades públicas.
El caso fue resuelto por el Juzgado Primero de Distrito, que desechó la demanda bajo el argumento de que los jueces no tienen facultades para revisar la constitucionalidad de las disposiciones contenidas en la Constitución mexicana.
Además, el juzgador precisó que el reclamo no estaba dirigido contra el procedimiento legislativo mediante el cual se aprobó la reforma, sino contra su aplicación, al reducir el monto de la pensión.
También estableció que las autoridades tienen la obligación de ajustar sus disposiciones normativas, contratos y condiciones laborales al nuevo marco constitucional.
Aunque el quejoso solicitó la suspensión de plano del acto, al argumentar que la reducción de sus ingresos le provocaba ansiedad, incertidumbre y afectaciones emocionales que consideraba equiparables a tortura psicológica, el juez sostuvo que no se acreditaron actos de violencia, amenazas, coacción ni sufrimientos graves e intencionales que actualizaran los supuestos previstos en el artículo 22 constitucional.
La resolución podría tener relevancia para otros casos en los que se busque impugnar judicialmente la aplicación de los límites a las pensiones, aunque sus alcances dependerán de las circunstancias y argumentos de cada demanda.
El juzgado también señaló que la reforma tiene entre sus objetivos optimizar los recursos públicos, evitar privilegios desproporcionados y garantizar la equidad presupuestaria.
