Martín Sánchez
El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Guillermo Arroyo Cruz, aclaró que los procedimientos legales promovidos por empresas inmobiliarias en torno al predio La Cazahuatera no representan un impedimento para que el Gobierno de Morelos continúe con el proceso de expropiación anunciado por el Ejecutivo estatal.
Explicó que ambos procedimientos pueden desarrollarse de manera independiente y paralela, por lo que las decisiones del Gobierno estatal sobre la protección del terreno no interfieren directamente con los juicios que actualmente se encuentran en el Tribunal.
Precisó que las demandas fueron interpuestas por las empresas inmobiliarias y que únicamente ellas, en todo caso, tienen la posibilidad de desistirse de los recursos legales.
Mientras esto no ocurra, los expedientes deberán continuar su trámite conforme al procedimiento ordinario.
Arroyo Cruz puntualizó que el TJA no concede permisos de construcción ni autorizaciones ambientales, sino que revisa la legalidad de las decisiones tomadas por otras autoridades.
En este caso, el análisis se centra en determinar si la negativa del ayuntamiento de Cuernavaca para otorgar una licencia de construcción se ajustó al marco jurídico.
Indicó que estos asuntos suelen tardar alrededor de seis meses en resolverse; sin embargo, consideró que las demandas todavía tienen etapas procesales pendientes, pues ni siquiera habrían llegado a la fase probatoria.
