Colectivos sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos se manifestaron en el Ayuntamiento de Cuernavaca para exigir justicia por el asesinato del regidor Gabriel Rivas Ríos, así como el esclarecimiento de los homicidios y agresiones contra personas defensoras del territorio en Morelos.
Durante la protesta, los inconformes solicitaron que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga las investigaciones relacionadas con los asesinatos de activistas y defensores de derechos humanos, con el propósito de garantizar que estos crímenes no queden impunes.
Como parte de la movilización, entregaron un pliego petitorio integrado por 11 puntos, entre los que destacan la tipificación de las agresiones y asesinatos contra defensores de derechos humanos como delitos agravados, además de la revisión y cancelación de proyectos inmobiliarios presuntamente relacionados con conflictos territoriales, particularmente el desarrollo Alto Verde, de la inmobiliaria Portenta.
También propusieron crear un registro público de empresas vinculadas con agresiones contra activistas, a fin de impedir que obtengan nuevas licencias y permisos en el país.
Demandan frenar proyectos inmobiliarios y proteger La Cazahuatera
En materia ambiental, exigieron la expropiación del predio conocido como La Cazahuatera para convertirlo en Área Natural Protegida y establecer ahí el parque Gabriel Rivas Ríos, como reconocimiento a la labor del regidor y activista.
Otra de las demandas fue que el Congreso de Morelos rechace el proyecto de instalación de paneles solares para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), al considerar que podría comprometer las finanzas municipales durante más de 20 años.
Asimismo, solicitaron transparentar las licencias de funcionamiento de bares y cantinas, publicar la ubicación de estos establecimientos y cancelar los permisos de aquellos que incumplan las disposiciones sobre distancias respecto a centros educativos o generen afectaciones a la tranquilidad de los vecinos.
Los manifestantes señalaron que sus exigencias buscan garantizar justicia para las víctimas, proteger a quienes defienden el territorio y evitar que la violencia y los conflictos ambientales continúen afectando a las comunidades de Morelos.
