Christian Manzo
Más de 20 personas habrían sido detenidas bajo circunstancias similares en Cuautla, presuntamente por elementos de la Guardia Nacional, en un operativo contra motociclistas que ha generado preocupación entre ciudadanos y defensores jurídicos por posibles abusos de autoridad y detenciones arbitrarias.
El abogado Gregorio Martínez Ávila, integrante de la Defensoría Jurídica Social, denunció el caso de Andrés Jaciel “N”, un adolescente de 14 años, quien fue detenido la tarde del martes cuando circulaba a bordo de una motocicleta.
De acuerdo con el abogado, los agentes argumentaron que la unidad contaba con reporte de robo.
Sin embargo, el abogado aseguró que la motocicleta no tiene reporte de robo y que la propiedad legal de la unidad puede acreditarse mediante la factura y el Registro Público Vehicular (REPUVE), además de que cuenta con placas. Pese a ello, el menor permaneció varias horas bajo custodia.
El defensor señaló que alrededor de las 11 de la noche se trasladó a Torre 21, donde constató que habían transcurrido más de seis horas sin que el adolescente fuera puesto a disposición y sin que su madre hubiera recibido información clara sobre el lugar donde se encontraba.
Posteriormente, una de sus tías logró establecer contacto con el menor, quien, según relató, presentaba una crisis nerviosa.
Destacó que se trata de un adolescente trabajador y de una familia de escasos recursos, por lo que consideró especialmente grave que pudiera enfrentar un proceso penal por un hecho que, de acuerdo con la documentación presentada, no corresponde a un vehículo robado.
El abogado afirmó que policías le señalaron que ya serían más de 20 personas detenidas en circunstancias similares, situación que calificó como una “cacería” contra motociclistas.
Advirtió que no debe criminalizarse de manera generalizada a quienes utilizan este tipo de vehículos, pues sostuvo que la mayoría son ciudadanos que trabajan y llevan una vida honrada.
También cuestionó la actuación de la policía municipal, al señalar que, presuntamente, la Guardia Nacional estaría entregando a los detenidos a dicha corporación, que posteriormente participa en la integración de las carpetas de investigación. Ante ello, pidió que se investigue la actuación de los elementos involucrados y que no se normalicen posibles prácticas de abuso de autoridad.
Como prioridad, la Defensoría Jurídica Social busca evitar que el caso del adolescente sea judicializado y solicitó la intervención de las autoridades estatales y federales, por lo que hizo un llamado al fiscal general del estado Fernando Blumenkron Escobar y al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, para revisar estos procedimientos y garantizar que una persona inocente no termine privada de su libertad.
Insistió en que el caso resulta particularmente delicado por tratarse de un menor de 14 años y advirtió que una eventual permanencia en prisión podría tener graves consecuencias.
Mientras tanto, la denuncia sobre más de 20 presuntas detenciones bajo el mismo esquema pone nuevamente en el centro del debate los operativos contra motociclistas y los límites que deben respetar las corporaciones de seguridad durante sus actuaciones.
