Comunidades indígenas de Morelos rechazaron el proceso de consulta impulsado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) sobre la propuesta de iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Los representantes acusaron que no se cumplieron las condiciones constitucionales para garantizar una participación previa, libre e informada.
José Alvarado, presidente de la representación comunal indígena de San Juan Tlacotenco, señaló que el procedimiento desconoció la personalidad jurídica de las comunidades y calificó el ejercicio como una simulación.
“Lo que se hizo no fue consulta, fue una simulación, y simular frente a autoridades constitucionales es una violación directa a la Constitución”, afirmó.
Los pueblos originarios cuestionaron la metodología del INPI y señalaron que su participación se limitó a la de “grupos sociales”, en lugar de reconocer a las comunidades como autoridades y sujetos de derecho público.
También denunciaron la falta de asambleas generales, información insuficiente y materiales que no fueron presentados de manera culturalmente adecuada.
Otro de los señalamientos fue que únicamente se consideraron 82 comunidades, pese a que, de acuerdo con los representantes indígenas, Morelos cuenta con más de 160 reconocidas por el Congreso estatal.
La inconformidad fue respaldada por representantes de San Juan Tlacotenco, Tepoztlán, Xoxocotla, Tlaltizapán, Amilcingo y Popotlán, quienes también solicitaron conocer si las demandas planteadas por los pueblos de Morelos fueron incorporadas al documento enviado recientemente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ante las presuntas irregularidades, las comunidades pidieron ampliar por al menos un año el periodo de consulta y reponer las etapas que, señalaron, fueron omitidas o realizadas de manera deficiente.
Asimismo, demandaron establecer un mecanismo transparente que permita verificar cómo serán incorporadas sus propuestas al proyecto de ley.
