Dennisse Montañez
Una revisión interna de registros migratorios revela que al menos 790 estudiantes extranjeros en, han sido despojados de su estatus legal en Estados Unidos, en un operativo silencioso que ha involucrado a más de 120 instituciones educativas de todo ese país. Aunque el Departamento de Estado no ha emitido un comunicado oficial sobre esta acción, fuentes académicas y abogados migratorios consultados afirman que se trata de una nueva fase de endurecimiento migratorio con motivos estratégicos y geopolíticos. 
Los estudiantes afectados, en su mayoría provenientes de India y China, pertenecían a universidades de todos los niveles: desde centros de investigación de alto perfil hasta pequeñas instituciones privadas. Muchos de ellos llevaban años residiendo legalmente en Estados Unidos y cursaban programas académicos avanzados. Según los datos obtenidos, las revocaciones se han producido sin audiencias previas ni explicaciones individualizadas, lo que ha provocado una fuerte reacción dentro del ámbito académico y legal. 
Reacción de universidades e instituciones
Varias universidades han enviado cartas al Departamento de Estado y al Servicio de Inmigración (ICE), exigiendo claridad sobre los criterios utilizados. Sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido una respuesta oficial. Algunas facultades incluso se han planteado la posibilidad de emprender acciones legales colectivas para defender a sus alumnos internacionales.
Desde el Consejo Estadounidense de Educación (ACE) se ha emitido un comunicado calificando la situación como una "violación grave al debido proceso" y un "riesgo directo a la integridad del sistema educativo estadounidense", que tradicionalmente ha dependido del talento global.
¿Qué hay detrás de esta operación?
Fuentes vinculadas al sistema universitario y al ámbito diplomático sugieren que la medida podría estar relacionada con tensiones crecientes entre EE.UU. y ciertos gobiernos extranjeros, particularmente en el marco de la guerra comercial, disputas tecnológicas y de ciberseguridad. Algunas de las cancelaciones estarían vinculadas a investigaciones abiertas por presuntos vínculos con programas de transferencia tecnológica, aunque en la mayoría de los casos los estudiantes no enfrentan cargos formales.
“No hay pruebas, no hay audiencia, solo una notificación. Están siendo tratados como riesgos por el simple hecho de su nacionalidad o afiliación académica”, denunció un abogado de inmigración en Washington D.C., quien solicitó anonimato por temor a represalias.
Lo más alarmante para expertos en derecho y derechos civiles es la falta de mecanismos claros para apelar las decisiones. La gran mayoría de los estudiantes se enteraron de la cancelación de su visa cuando intentaron renovar sus permisos, acceder a becas, o salir temporalmente del país. Al no tener estatus legal vigente, muchos enfrentan procesos de deportación acelerada o auto-expulsión forzada para evitar consecuencias migratorias permanentes.
Este patrón de cancelaciones podría ser el principio de una política migratoria más estricta enfocada en sectores académicos sensibles. Mientras tanto, cientos de jóvenes ven truncados sus proyectos de vida sin aviso, sin juicio, y sin nombre en la prensa.
Fuentes: Latinus, CNN, The New York Times.
