Dennisse Montañez
El gobierno del presidente Donald Trump ha anunciado una nueva medida migratoria que exigirá a ciudadanos de ciertos países entregar un depósito reembolsable de entre 5 mil y 15 mil dólares como requisito para obtener una visa de turismo o negocios, para ingresar a Estados Unidos.
El programa, que ha sido calificado por analistas como una “barrera económica al ingreso”, entrará en vigor el próximo 20 de agosto y se mantendrá como plan piloto durante un año. Afectará principalmente a solicitantes de visas tipo B-1 (negocios) y B-2 (turismo), provenientes de naciones con altos índices de permanencia irregular (overstay) o con sistemas internos de documentación considerados débiles por el Departamento de Estado.
¿Quiénes deberán pagar el depósito?
Aunque la lista final de países aún no ha sido publicada, fuentes diplomáticas indican que la medida se enfocará en naciones africanas y asiáticas como Zambia, Malawi, Chad, Yemen, Eritrea y Myanmar. En algunos de estos países, las tasas de viajeros que se quedan más allá del periodo autorizado en Estados Unidos superan el 30%.
Funcionarios consulares en las embajadas y consulados estadounidenses serán los encargados de determinar, caso por caso, si el solicitante deberá realizar el depósito, y el monto que deberá pagar.
¿Cómo funcionará?
El pago se realizará a través del sistema oficial Pay.gov, utilizando el formulario de fianza migratoria I-352. El depósito se mantendrá bajo custodia del gobierno estadounidense durante la duración de la visa y será devuelto únicamente si el viajero abandona el país dentro del plazo permitido y no viola los términos de su estancia.
Las visas otorgadas bajo este esquema tendrán una validez limitada, con un máximo de una sola entrada y hasta 30 días de estancia en territorio estadounidense, aunque esto podría variar dependiendo del país de origen y la evaluación individual.
Diversas organizaciones de derechos migratorios y expertos en relaciones exteriores han advertido que esta política podría tener un impacto desproporcionado en personas de bajos ingresos y limitar el acceso legal a Estados Unidos, para quienes no representan un riesgo migratorio.
“Con esta medida, lo que en realidad se está haciendo es restringir el acceso al país a quienes no pueden pagar”, opinó Mary Beth White, vocera de la organización Human Border Watch. “Es una forma de filtrado económico disfrazada de control migratorio”.
También ha habido preocupación en la industria turística, que teme una caída en la llegada de visitantes provenientes de países emergentes. Según estimaciones de la U.S. Travel Association, el número de visas emitidas podría disminuir en al menos un 40 % para las naciones afectadas.
¿México está incluido?
Hasta el momento, México no ha sido mencionado como parte de los países afectados, aunque ciudadanos mexicanos que soliciten visas B-1/B-2 podrían ser evaluados bajo este esquema si las autoridades consulares detectan factores de riesgo. Sin embargo, quienes ingresan con visas de cruce fronterizo o documentos del Programa de Exención de Visa no estarían sujetos al depósito.
El Departamento de Estado informó que en los próximos días publicará la lista oficial de países que quedarán sujetos al depósito, así como los criterios específicos para su aplicación. La administración Trump ha justificado la medida como parte de su compromiso por "proteger la soberanía de Estados Unidos y hacer cumplir las leyes migratorias de forma más estricta".
Se prevé que los resultados del programa piloto serán evaluados en 2026, con la posibilidad de que se amplíe a más países si el gobierno considera que ha tenido éxito en reducir los casos de permanencia ilegal.
