Dennisse Montañez
De acuerdo con información publicada por diversos medios nacionales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) clasificó por un periodo de cinco años la información relacionada con el caso que involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza Cázarez, incluida la documentación sobre una presunta solicitud de extradición.
Según los reportes, la decisión se conoció a partir de una resolución del Comité de Transparencia de la dependencia, obtenida mediante una solicitud de acceso a la información.
La medida impide el acceso público a documentos como notas diplomáticas, oficios, correos institucionales, minutas y demás comunicaciones sostenidas entre los gobiernos de México y Estados Unidos respecto al caso.
De acuerdo con la SRE, la reserva busca proteger la confidencialidad de los intercambios diplomáticos y evitar posibles afectaciones a la relación bilateral entre ambos países, en apego al Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos y a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
La clasificación de la información no implica que exista una resolución judicial o que se haya concretado una extradición, sino que los documentos relacionados con el asunto permanecerán fuera del acceso público hasta que concluya el plazo de reserva o ésta sea revocada por la autoridad competente.
El caso tomó relevancia en abril de este año, cuando autoridades de Estados Unidos informaron sobre una solicitud de detención provisional con fines de extradición contra Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico. En ese momento, el Gobierno de México señaló que la petición no estaba acompañada de pruebas suficientes para proceder conforme al tratado bilateral.
Tanto Rubén Rocha Moya como Enrique Inzunza han rechazado las acusaciones en su contra. La decisión de la SRE ha generado cuestionamientos entre especialistas y organizaciones dedicadas a la transparencia, quienes consideran que la reserva limita el acceso a información de interés público.