Dennisse Montañez
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este miércoles la liberación inmediata y absoluta de Juana Hilda González Lomelí, quien permaneció 19 años en prisión acusada de participar en el secuestro y presunto asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, un caso ampliamente cuestionado por irregularidades en el proceso judicial.
Hugo Alberto Wallace Miranda era un empresario mexicano dedicado al arrendamiento de equipos de cómputo, cuya desaparición el 11 de julio de 2005 marcó el inicio de uno de los casos más polémicos en la historia judicial del país. Hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace, fue reportado como víctima de secuestro y asesinato, aunque su cuerpo nunca fue hallado. La versión oficial sostuvo que fue asesinado por una supuesta banda criminal, lo que derivó en la detención de varias personas que, con el tiempo, denunciaron haber sido torturadas para confesar.
Con una votación mayoritaria, la Primera Sala de la SCJN concluyó que las pruebas que sirvieron para condenar a González fueron obtenidas mediante tortura, incluyendo su autoinculpación, por lo que el proceso fue declarado violatorio del derecho al debido proceso y, por tanto, inválido.
El proyecto, elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, establece que no existen elementos jurídicos suficientes para mantener privada de la libertad a González, ya que el resto de las pruebas presentadas carecían de independencia o estaban contaminadas por el contexto de coacción y abuso institucional.
“La única prueba sustancial que la vinculaba con los hechos fue una confesión obtenida en condiciones violatorias de los derechos humanos”, sostiene la resolución.
Además, la Corte determinó que no puede volver a ser juzgada por los mismos hechos, al amparo del principio constitucional de “non bis in idem”, que impide que una persona sea procesada dos veces por el mismo delito.
Un caso emblemático por sus inconsistencias
El llamado “caso Wallace” ha estado envuelto en controversias durante años. Organismos de derechos humanos, periodistas de investigación y organizaciones civiles han señalado posibles montajes judiciales, fabricación de culpables y omisiones graves en las investigaciones. Incluso se ha cuestionado la existencia misma del crimen.
González Lomelí es una de varias personas detenidas entre 2006 y 2010 por este caso. Diversas investigaciones han documentado cómo los implicados fueron víctimas de tortura, desaparición forzada temporal, falta de asistencia legal y presiones institucionales para admitir su culpabilidad.
La resolución de la SCJN representa un golpe al entramado judicial que durante casi dos décadas mantuvo encarceladas a personas sin pruebas sólidas, y marca un precedente para los casos aún abiertos relacionados con la desaparición de Hugo Alberto Wallace.
Hasta el momento, ni la Fiscalía General de la República ni Isabel Miranda de Wallace han emitido una postura oficial tras la liberación ordenada por la Corte.
