Dennisse Montañez
Genaro García Luna, quien fuera el máximo responsable de la seguridad pública en México durante el sexenio de Felipe Calderón, ha sido trasladado a la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos. La medida, ejecutada en las últimas semanas, marca un nuevo episodio en la caída de uno de los funcionarios mexicanos más poderosos de las últimas décadas.
ADX Florence, apodada el “Alcatraz de las Montañas Rocosas”, es considerada la prisión más segura de todo el sistema penitenciario estadounidense. Allí, los internos no más de 500, viven bajo condiciones extremas: pasan 23 horas al día encerrados en celdas individuales de concreto, sin contacto físico ni visual con otros reclusos. La vigilancia es constante, con puertas automatizadas, sensores de movimiento, cámaras, torres de vigilancia y francotiradores.
En este mismo penal se encuentra recluido desde 2019 Joaquín “El Chapo” Guzmán, con quien García Luna fue vinculado por fiscales estadounidenses. De acuerdo con las investigaciones, el exfuncionario mexicano recibió millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir y facilitar sus operaciones criminales.
García Luna fue hallado culpable en 2023 por cargos de narcotráfico, asociación delictuosa y declaraciones falsas. Fue condenado a 38 años de prisión y multado con dos millones de dólares. Su fecha de liberación está programada para el 19 de junio de 2052.
Antes de su traslado, García Luna estuvo recluido en el Centro de Transferencia Federal de Oklahoma y luego en la prisión de Lee, Virginia. Su paso a la penitenciaría de Florence representa un revés para su defensa legal, que ha argumentado que el aislamiento extremo dificulta la comunicación y la preparación de la apelación presentada en diciembre pasado.
La prisión de Florence fue inaugurada en 1995 como respuesta a incidentes violentos en otras cárceles federales. Desde entonces, ha alojado a algunos de los delincuentes más peligrosos del país, incluyendo terroristas y asesinos seriales. No se ha registrado una sola fuga desde su apertura.
Mientras su equipo legal busca revertir la condena con una resolución que podría llegar en septiembre de 2025, García Luna enfrenta un encierro diseñado para borrar cualquier posibilidad de fuga o influencia externa. El hombre que una vez encabezó la estrategia de combate al crimen en México ahora comparte aislamiento con los criminales a quienes juró combatir.
Genaro García Luna: de arquitecto de la seguridad a símbolo de corrupción
Genaro García Luna, quien fuera uno de los hombres más poderosos en el combate al crimen organizado en México, enfrenta hoy una realidad completamente opuesta: fue declarado culpable de múltiples delitos relacionados con el narcotráfico y la corrupción por una corte en Estados Unidos.
Durante años, García Luna fue considerado el principal estratega de seguridad en el gobierno mexicano, sobre todo durante el sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, tras su arresto en 2019, surgieron acusaciones contundentes que transformaron su imagen de funcionario ejemplar en la de un operador al servicio del Cártel de Sinaloa.
Según las investigaciones, García Luna recibió sobornos millonarios del crimen organizado mientras ocupaba cargos clave como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y secretario de Seguridad Pública. A cambio, facilitaba el tráfico de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, brindaba protección a los líderes del cártel y proporcionaba información estratégica para eliminar a grupos rivales.
Durante su juicio, narcotraficantes detenidos incluyendo a “El Rey” Zambada, hermano de uno de los líderes del cártel declararon haberle entregado maletines con millones de dólares en efectivo. Las autoridades estadounidenses también lo acusaron de mentir en trámites migratorios y de intentar influir en testigos desde prisión. 
La justicia estadounidense lo condenó a más de 38 años de prisión, y en mayo de 2025 una corte civil en Florida ordenó a él y a su esposa pagar más de 2,400 millones de dólares al gobierno mexicano por actos de corrupción y lavado de dinero.
