Dennisse Montañez
El crimen organizado en México ha comenzado a profesionalizar sus estructuras de operación táctica con el apoyo de exmilitares colombianos, quienes han sido contratados para realizar labores de inteligencia, manejo de explosivos, drones y ataques dirigidos. La reciente captura de nueve de ellos en Michoacán, tras el asesinato de ocho soldados mexicanos con una mina antipersona, ha encendido las alertas en ambos países.
Los detenidos, con entrenamiento previo en fuerzas especiales de Colombia, operaban en células organizadas al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según confirmaron autoridades mexicanas. La mayoría ingresó al país bajo la apariencia de empleo en seguridad privada, pero fueron cooptados rápidamente por el narco.
“El crimen organizado los utiliza para formar grupos élite, capaces de ejecutar emboscadas, sembrar minas artesanales y realizar vigilancia con drones. Están entrenados para la guerra y ahora usan ese conocimiento aquí”, explicó un funcionario federal a medios nacionales.
De acuerdo con investigaciones, el fenómeno no es reciente. Desde hace al menos cuatro años, grupos delictivos han recurrido a este tipo de perfiles para elevar su capacidad ofensiva, en particular en estados como Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, donde los enfrentamientos con el Ejército son constantes.
Colombia también ha reaccionado. El presidente Gustavo Petro calificó el fenómeno como “una traición a la patria” y ha impulsado reformas para sancionar el mercenarismo. México, por su parte, ha endurecido controles migratorios y reforzado la cooperación bilateral para frenar el flujo de estos excombatientes.
Aunque algunos de los exmilitares alegan que fueron engañados, otros han admitido haber sido contratados directamente por emisarios del narco, atraídos por sueldos de hasta 2 mil dólares al mes, muy superiores a lo que perciben como retirados en su país.
