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EU ofrece hasta 10 millones de dólares por información sobre cárteles y huachicol

Washington busca debilitar las finanzas del crimen organizado mediante información sobre lavado de dinero, empresas fachada y redes de contrabando de combustible.
Dennisse Montañez


El gobierno de Estados Unidos anunció recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que permita identificar y desarticular las redes financieras de organizaciones criminales, particularmente aquellas relacionadas con el narcotráfico, el lavado de dinero y el contrabando de combustible.

La medida forma parte de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para debilitar las fuentes de financiamiento de los cárteles, mediante investigaciones dirigidas a detectar empresas fachada, operaciones bancarias, transferencias de recursos y personas que faciliten sus actividades ilícitas.

Entre las organizaciones señaladas se encuentran el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana, además de otros grupos criminales.

A través del programa Recompensas por la Justicia, del Departamento de Estado, las autoridades estadounidenses buscan obtener información sobre redes de contrabando de hidrocarburos, lavado de dinero y mecanismos comerciales utilizados para introducir recursos ilícitos al sistema financiero.

El interés en el huachicol también se relaciona con investigaciones previas del Departamento del Tesoro, que ha señalado a empresas y personas presuntamente involucradas en esquemas de contrabando de combustible que beneficiarían económicamente a organizaciones criminales.

Las personas que cuenten con información pueden comunicarse mediante canales seguros habilitados por las autoridades estadounidenses, entre ellos Signal, Telegram, WhatsApp y la red Tor. Las recompensas están sujetas a la utilidad de los datos proporcionados y no representan un pago automático por presentar una denuncia.

Esta estrategia busca ampliar la presión sobre las estructuras económicas de los grupos criminales, al enfocarse no solamente en sus integrantes, sino también en quienes presuntamente les proporcionan recursos, infraestructura y mecanismos para mantener sus operaciones.

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