En un acto realizado el lunes 19 de mayo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó una nueva ley federal que penaliza la difusión de imágenes sexuales reales o generadas por inteligencia artificial sin el consentimiento de las personas involucradas. La ley, conocida como "Take It Down Act", fue promovida por la primera dama Melania Trump y aprobada previamente por ambas cámaras del Congreso con amplio respaldo bipartidista. Esta legislación representa el primer esfuerzo federal enfocado en combatir lo que se conoce como "pornografía vengativa", una práctica creciente en entornos digitales.
¿Qué establece la ley?
La norma establece penas de hasta tres años de prisión para quienes difundan intencionalmente este tipo de contenido sin consentimiento, además de permitir acciones legales contra plataformas que alojen dichas imágenes y no actúen de forma rápida para retirarlas. La medida surge en respuesta al auge de los llamados deepfakes, montajes digitales hiperrealistas creados con inteligencia artificial, que han sido utilizados para humillar, acosar o dañar la reputación de mujeres, adolescentes y figuras públicas. Casos recientes han demostrado cómo estudiantes y celebridades se han convertido en víctimas de este tipo de abuso, generando presión social y política para una acción más contundente.
Durante la ceremonia, Melania Trump estuvo presente en una rara aparición pública y reiteró su compromiso con la protección de la juventud frente a ataques virtuales. Entre los asistentes se encontraban jóvenes víctimas, como una adolescente de Texas que fue expuesta junto a compañeras de su escuela en montajes sexuales distribuidos por un compañero en redes sociales. “Estaban devastadas”, relató la madre de una de las afectadas. Estos casos han puesto en evidencia la falta de mecanismos efectivos para frenar la propagación de imágenes no consensuadas en plataformas como Snapchat o sitios web de contenido adulto.
Aunque la ley ha sido recibida como un avance significativo por activistas y expertas como la criminóloga Renée Cummings, también ha despertado preocupaciones entre organizaciones defensoras de derechos digitales. Grupos como la Electronic Frontier Foundation advirtieron sobre posibles riesgos de censura debido a definiciones vagas y escasas garantías legales. No obstante, el gobierno asegura que se trata de una legislación necesaria y urgente para adaptarse a las nuevas amenazas digitales. Su éxito, afirman especialistas, dependerá de su implementación efectiva y de su capacidad para evolucionar ante tecnologías emergentes.
Imágenes: La prensa gráfica, Educación 3.0
