Dennisse Montañez
El combate al contrabando de combustibles en México ha destapado un fenómeno de dimensiones alarmantes: el huachicol fiscal, un esquema que combina crimen organizado, corrupción en aduanas y redes dentro de la propia Marina. Lo que comenzó como una estrategia para frenar pérdidas millonarias al fisco se ha convertido en un escándalo de seguridad nacional que incluso ha cobrado la vida de altos mandos militares.
¿Qué es el huachicol fiscal?
A diferencia del robo directo a ductos, el huachicol fiscal opera con un método mucho más sofisticado. El petróleo sustraído en México cruza hacia Estados Unidos, donde empresas fachada lo “legalizan” para su refinación. Después, el combustible regresa a México bajo documentación adulterada y se coloca en gasolineras como si fuera producto legítimo.
El atractivo está en los impuestos: al evadir el IEPS y otros gravámenes, las redes criminales logran ganancias millonarias mientras el Estado deja de recaudar. Según cálculos recientes, en 2024 ingresaron al país 18 mil millones de litros de combustible ilegal, equivalentes a casi un 30 % del mercado nacional, lo que representa pérdidas fiscales estimadas en 177 mil millones de pesos al año.
Militarización insuficiente y corrupción
Desde 2020, el control de aduanas y puertos quedó en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, con la promesa de cerrar el paso al contrabando. Sin embargo, la realidad ha mostrado fisuras profundas.
La corrupción ha alcanzado a los propios cuerpos militares. Investigaciones revelan que el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna habría encabezado una red de contrabando de combustibles, con apoyo de funcionarios aduanales, empresarios y marinos en activo. El caso ha sacudido la imagen de “incorruptible” que hasta ahora mantenía la Marina.
Muertes que ensombrecen el caso
El escándalo se ha teñido de sangre. En menos de un año, tres altos mandos navales vinculados a la red han perdido la vida:
Fernando Rubén Guerrero Alcántar, contralmirante, asesinado a tiros en noviembre de 2024 tras denunciar irregularidades en aduanas.
Abraham Jeremías Pérez Ramírez, capitán de navío, hallado muerto el 8 de septiembre de 2025, lo que más impresiona es que su muerte fue reportada como un supuesto suicidio, el estaba señalado como receptor de sobornos en Altamira.
Adrián Omar del Ángel Zúñiga, también capitán de navío, fallecido un día después, en un supuesto accidente de tiro real en Sonora, pese a estar implicado en la red cuando encabezó la aduana de Manzanillo.
Las muertes, ocurridas en rápida sucesión, han generado sospechas sobre posibles ajustes de cuentas o intentos de silenciar testimonios clave.
Consecuencias para el país
El huachicol fiscal no solo erosiona la recaudación: también fortalece a los grupos criminales, golpea la competitividad de empresas legales y pone en entredicho la capacidad del Estado para controlar sus propias aduanas.
La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos establece penas de hasta 30 años de cárcel y multas millonarias, pero la efectividad de su aplicación está en duda, pues los decomisos han sido mínimos frente al volumen de combustible que logra entrar al mercado.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido que “no habrá impunidad”, la sucesión de muertes, la infiltración de redes criminales en la Marina y las pérdidas millonarias mantienen al huachicol fiscal como uno de los retos más graves y complejos para el Estado mexicano en 2025.
Lejos de tratarse solo de un fraude económico, el caso revela una trama en la que se cruzan intereses criminales, corrupción institucional y un desafío directo a la seguridad nacional.